Ley de emisión de activos digitales: ¿Qué es y dónde se ha implementado?

El Salvador se ha convertido en uno de los países cuyo gobierno más está apostando por el uso de las nuevas criptomonedas y monedas digitales. Para dar una cabida legal a este tipo de operaciones, el gobierno de este país ha puesto en marcha la Ley de Emisión de Activos Digitales, a la que se dio ingreso el pasado día 22 de noviembre en la Asamblea Legislativa del país centroamericano.

Esta ley nace con el objetivo de establecer un marco legal para llevar a cabo las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales. Esta ley, presentada por la Ministra de Economía, incluye aspectos muy relevantes en su contenido, tal y como afirman en el blog de finanzas digitales Hoddled.

¿Qué se incluye en esta nueva ley?

La ley establece un nuevo marco regulatorio que entrará en El Salvador en vigor 8 días después de su publicación en el diario oficial del país. Esta nueva legislación excluye de su aplicación lo siguiente:

Monedas digitales emitidas por los bancos centrales de cualquier país, jurisdicción o territorio.

Los activos digitales que por disposición legal anterior o posterior a la ley sean moneda de curso legal en cualquier país, en cuanto a su regulación monetaria y cuando el uso sea para el intercambio de bienes y servicios, excepto de aquellos bienes categorizados como activos digitales y en determinados servicios exclusivos para los proveedores de servicios digitales según la ley y los servicios de certificación de emisión pública de activos digitales.

Los activos digitales que solo pueden ser intercambiados ante el mismo emisor del activo digital.

Activos digitales no negociables o intercambiables.

Esta nueva ley también persigue la creación de una Comisión Nacional de Activos Digitales, que será el ente que velará por la correcta aplicación de esta normativa sobre activos digitales en el país. Del mismo modo, se establece la creación de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, una nueva institución que se encargará de la administración, custodia e inversión de los fondos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales que realice el Estado y sus autónomas y de los rendimientos provenientes de dichas ofertas públicas.

Del mismo modo, también se establece el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Digitales, al cual deberán inscribirse aquellas personas que deseen ofrecer y prestar servicios de activos digitales en El Salvador. Además, se determina un listado de los servicios que pueden prestar los proveedores de servicios de activos digitales, dentro de los cuales se encuentran:

Intercambio de activos digitales.

Operar plataformas de intercambio o comercialización de activos digitales.

Evaluaciones de riesgo y del precio, así como de la suscripción de emisiones de activos digitales.

Colocar activos digitales en plataformas o billeteras digitales.

Promocionar, estructurar y administrar todo tipo de productos de inversión en activos digitales.

Por último, también se crea un Registro de Emisores para aquellas personas que deseen realizar ofertas públicas de activos digitales. A la vez, que se determina la existencia de entidades certificadoras que realizará los análisis de los requisitos con los que debe cumplir la oferta pública de activos digitales, establecidos en la ley. Dichas entidades certificadoras deberán estar inscritas ante la Comisión Nacional de Activos Digitales.

La Administradora de Fondos Bitcoin, el principal anuncio de esta ley

La Ley de Emisión de Activos Digitales establece la creación de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin. Esta agencia, que será dependiente del Ministerio de Economía del país se estable como "una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía económica, financiera y administrativa para el ejercicio de atribuciones y deberes que estipule la ley y en el resto de la legislación común aplicable", según lo establecido en la ley.

Esta administradora es un intento del gobierno del país por incrementar la transparencia a la hora de tomar decisiones sobre el manejo del Bitcoin que el país ha comprado en los últimos años y parece que seguirá comprando. De esta forma, se pretende alejar la impresión de que todas las decisiones recaen en la presidencia del país, aunque lo cierto es que seguirá concentrando el poder y las tomas de decisiones, aunque con una mayor profesionalización gracias a la Administradora establecida por la ley.